Por: Víctor Rodríguez Velázquez / Centro de Periodismo Investigativo

A Karina Torres la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) le dijo que las pérdidas en su casa por la inundación no eran suficientemente graves. Angeline “Beba” Marrero no cualificó para un cheque de ayuda inmediata de FEMA y tuvo que esperar hasta ocho meses para que le pusieran un toldo al techo de su residencia. Nunca le dijeron por qué. A Ivana Fred Millán le devolvieron su solicitud en varias ocasiones y la asistencia se tardó siete meses en llegar. Elliot Cruz Morales, sencillamente, no acudió a buscar ayuda por no confrontar prejuicios.

“No fui directamente por el mismo miedo, porque yo dije: ‘diantre, esto va a ser un proceso, me van a estar preguntando por qué yo me llamo así, si me veo así’”, recuerda Elliot, quien perdió todas sus pertenencias luego de que la casa en la que vivía en Vega Baja fuera destrozada por el huracán María en 2017.

Foto por Eric Rojas | Centro de Periodismo Investigativo

Elliot Cruz Morales narró que luego de María no buscó ayuda del Gobierno porque tenía la certeza de que iba a ser discriminado por ser un hombre trans.

La larga lista de retos y discrimen que enfrentan las personas de experiencia trans en Puerto Rico, como Karina, Angeline, Ivana y Elliot, empeoró al encontrar que ni el Gobierno local ni FEMA ofrecen ayudas apropiadas para este sector de la población, durante y después de un desastre natural.

Dos años después del ciclón, ni FEMA ni el Gobierno de Puerto Rico han corregido de forma efectiva los procesos para suplir las necesidades de este sector, como la distribución de hormonas para evitar interrumpir sus tratamientos, los protocolos de denuncia y penalidades de discrimen en los refugios durante emergencias o el acceso oportuno a alimentos y vivienda temporera, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos — que el Gobierno hizo público cuando el huracán Dorian amenazó a Puerto Rico — tampoco menciona nada sobre la población trans ni la comunidad LGBTQ. Además, el Consejo Asesor de Asuntos LGBTT de La Fortaleza — creado en julio de 2017 por Orden Ejecutiva — no llevó estas preocupaciones ante el entonces primer ejecutivo Ricardo Rosselló, confirmaron al CPI tres exintegrantes del Consejo.

Alberto Valentín, director ejecutivo del Consejo, justificó que luego del huracán no se llevaron los reclamos de las personas trans ante Rosselló, debido a que el ente “apenas tenía uno o dos meses de creado” cuando pasó María.

“Para esa fecha [el Consejo] aún no tenía a todos sus miembros nombrados. En otras palabras, apenas existíamos y el huracán retrasó todo. Pudimos realmente ponernos en ‘track’ luego de varios meses”, explicó. Aceptó que dos años después del evento atmosférico el Consejo tampoco ha trabajado ningún protocolo para atender a la población trans luego de un desastre, pero refirió los detalles sobre este asunto a la presidenta del ente, Johanne Vélez, quien refirió   las preguntas del CPI a La Fortaleza, que nunca contestó la solicitud .

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Alberto Valetín, director ejecutvo del Consejo Asesor de Asuntos LGBTT de La Fortaleza

Veintitrés personas entrevistadas por el CPI que dan servicios a esta población o que se identifican como personas trans coincidieron en que uno de los factores que limita la asistencia a este sector es que FEMA y el Gobierno local han puesto trabas a quienes no han hecho el cambio de nombre e identificación de género en todos sus documentos legales.

De las 1,122,620 solicitudes de ayuda que ha recibido FEMA a través del programa de Asistencia Individual (IA) después del huracán en 2017, 21,665 fueron denegadas debido a problemas de verificación de identidad, tales como el nombre mal escrito, el uso del nombre de casada que no ha sido cambiado en el seguro social, falta de inicial, número de seguro social mal escrito, o respuestas incorrectas a preguntas de verificación de identidad en el momento del registro automático en la página de Internet.

Al 15 de agosto de 2019, solo 10,518 casos fueron apelados y resueltos, según Juan Andrés Muñoz Torres, director de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA. El resto no recibió ninguna asistencia de FEMA luego del María, debido a problemas con sus identificaciones.

En la Clínica Transalud de San Juan — el único proveedor público que ofrece servicios a esta población — atendieron a seis personas trans a quienes les fue denegada la ayuda por incongruencia en sus identificaciones, según cartas de denegatoria enviadas por FEMA, explicó el director de programa, Pedro Julio Serrano. Añadió que el municipio intervino directamente con FEMA y finalmente la agencia tramitó la asistencia para estas personas.

No obstante, una encuesta realizada por la Coalición de Coaliciones y el SEXTeam del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, entre febrero y marzo de 2018, reveló que al menos 14 personas trans no recibieron ayuda de FEMA en Puerto Rico. El estudio buscó conocer el estado de las viviendas y las ayudas inmediatas que recibieron personas de la comunidad LGBTQ por parte de agencias federales y locales. La encuesta halló que la razón principal mencionada para que se les negaran servicios fue “no tener daños o evidencia suficiente de los daños ocasionados por el huracán”. En el estudio participaron 567 personas, de las que 35 se identificaron como transexual, transgénero o género no binario — es decir, que no se identifica como hombre o como mujer. De las personas trans que participaron en la encuesta, el 53.7% reportó daños en su lugar de vivienda como resultado del impacto del huracán.

“Vivimos mucho rechazo, porque las ayudas estaban, pero nos ponían en listas. No se les daba seguimiento o, quizás, personas que vivían en la misma vecindad, se podía ver diferencia con los vecinos que sí les ponían el toldo, pero a ellas no”, comentó Kimberly Vázquez, mujer trans que trabaja como manejadora de casos en la Clínica Translucent del Centro Ararat, en San Juan.

Rechazo por falta de cambios en identificaciones

En noviembre de 2017, la activista en pro de los derechos para las personas trans Ivana Fred Millán denunció que FEMA le había negado ayuda financiera a por lo menos siete mujeres trans debido a la incongruencia entre el nombre en sus identificaciones y su expresión de género, es decir, su físico.

“Yo serví a muchas [personas trans] diciéndoles que siguieran llamando, y a mí me daba hasta pena, porque, en muchos de los casos, eran personas mayores que ni siquiera tenían acceso a una computadora y mucho menos sabían cómo usarla para darle seguimiento a las denegaciones. Todo por el mero hecho de proyectar una cosa en su físico y otra en el nombre legal [en los documentos]”, explicó Fred Millán.

De acuerdo con el portavoz de FEMA, cuando la agencia federal recibe una solicitud vía Internet, verifica la identidad del solicitante.

“Si FEMA no puede verificar la identidad de un solicitante a través de la búsqueda automatizada de registros públicos o el solicitante responde incorrectamente a las preguntas — por ejemplo el número de seguro social presentado no es compatible con el nombre completo —, el solicitante deberá presentar documentación adicional para verificar la identidad”, explicó el funcionario.

Si se hizo el cambio de nombre y género, pero faltó hacer la modificación en algún documento público, esto puede resultar en que se le niegue la ayuda por la incongruencia. Ese fue el caso que experimentó Fred Millán, que debido a un solo documento que no había sido cambiado, le negaron la asistencia durante siete meses.

La activista explicó que hubo casos en los que personas trans que no habían hecho los cambios en las identificaciones colocaban el nombre que aparecían en sus documentos legales y la solicitud en Internet progresaba. No obstante, relató que una vez los funcionarios de FEMA acudían a las visitas de inspección y se encontraban que la persona tenía un físico diferente al género en las identificaciones, no se daba la ayuda.

En abril de 2018, la jueza Carmen Consuelo Vargas del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que las personas trans podían corregir sus actas de nacimientos. En julio de ese año, el Registro Demográfico dio paso a los cambios de nombres e identificación de género en estas actas. No obstante, de acuerdo con el abogado Luis Conti Rivera, presidente del Colectivo Orgullo Arcoiris, a pesar de este avance, todavía una gran parte de las personas trans no ha hecho los cambios requeridos en todas sus identificaciones — pasaporte, licencia de conducir, tarjeta electoral, seguro social, entre otras — debido, en parte, a los costos del proceso, que pueden oscilar entre los $500 y $1,000, así como las gestiones y documentos que se requieren. Esto, según Conti Rivera, mantiene igual de vulnerables a las personas trans que busquen asistencia luego de algún evento atmosférico.Aunque en Puerto Rico no existe un registro de las personas trans, entre julio de 2018 y el 26 de agosto de 2019, 160 personas habían cambiado su nombre e identidad de género en sus actas de nacimiento, informó la directora ejecutiva del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz. Especificó que, de esa cifra, 116 personas reafirmaron su identificación de masculino a femenino y 44 de femenino a masculino.

Actualmente, varias organizaciones ofrecen servicios legales gratuitos a quienes busquen reafirmar sus nombres y géneros en sus identificaciones; solo pagan aproximadamente $80 por los sellos. Varias de las personas entrevistadas coincidieron en que quienes no llegan hasta estas ayudas suelen pagar entre $500 y hasta $3,000 por todos los trámites que conlleva hacer estos cambios.

“Si lo fueras a hacer individual, [el cambio de nombre en los documentos], te saldría fácil como en $1,000 o $1,500. Hay personas que han pagado $3,000, porque también hay que ver que cuando se cambia el nombre, también hay que hacer una revisión de antecedentes penales y si los tienes, hay que corregirlos. Eso conlleva unos gastos adicionales”, explicó Larry Zayas Rivera, coordinador de servicios clínicos en la clínica Translucent.

El trámite puede incrementar si antes de hacer los cambios en las identificaciones la persona se acogió a la ley de quiebra. Esto, dijo Zayas Rivera, conlleva buscar documentos de negativas de deudas en agencias públicas, como el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), entre otras.

Problemas con las identificaciones se extendieron a los refugios

No contar con el cambio en las identificaciones también tuvo implicaciones para algunas personas trans que acudieron a alguno de los 256 refugios disponibles en Puerto Rico tras el huracán de 2017.

Alexander Santiago Cordero, un joven trans de 25 años y líder del equipo de la clínica Transtanamá en San Juan, dijo que varios conocidos reportaron discrimen en los refugios. Mencionó que el personal en los refugios ubicó a las personas en las secciones de hombres o mujeres solo tomando en cuenta los nombres y el género en las identificaciones. Francisco Rodríguez, director ejecutivo de la Coalición de Coaliciones, observó casos similares en refugios en Ponce, donde “se violentaban los derechos de las personas trans debido a las incongruencias entre sus identificaciones y sus expresiones físicas”.

“Tan pronto llega una transgénero, que la distinguen, se da una dinámica de marginalización hasta llegar a extremos de crear espacios separados del resto de la población, donde en el refugio, la población general, las familias con niños, van en un cuarto y los transgénero en otro cuarto separados de la población. Eso, cuando se hace, porque en muchos casos ni siquiera se les dejó entrar”, explicó Rodríguez.

Un caso similar vivió Angeline “Beba” Marrero en el norte de la isla. Recuerda que el huracán le llevó el techo de zinc de su residencia. Pasó el resto del temporal en casa de su sobrina y al día siguiente, trató de buscar resguardo en dos refugios de Dorado. Ninguno la aceptó.

“Fui aquí abajo [en el barrio Río Lajas] a buscar en el refugio y me trataron como una perra. Me fui del sitio bien molesta. Es que yo no entiendo por qué la gente no acaba de madurar. Me mandaron de ahí a uno en [el barrio] Espinosa y no me aceptaron tampoco allá. En ningún momento me quisieron ayudar. Todo, diría yo, más por cuestión de discrimen”, contó la mujer trans de 38 años.

Los conflictos en refugios también se reportaron en el oeste, según la psicóloga Yaritza Bartolomei, quien en 2017 era la coordinadora del Departamento de atención a las personas trans en Carib, una organización que ofrece servicios a personas LGBTQ en Mayagüez.

“En los refugios del oeste había mucho acoso sexual y violencia a la comunidad LGBTQ en general. En Mayagüez no tanto. Pero, por ejemplo, en Añasco había un poco de desesperación a nivel administrativo porque se estaban acabando los recursos. Eso era tierra de nadie. Les llegaba comida y solo el más fuerte sobrevivía”, explicó Bartolomei.

El director de la Administración de Vivienda Pública, William Rodríguez, dijo desconocer que estas situaciones ocurrieron en algunos refugios del país. Esto, a pesar de que la agencia que dirige es la encargada de coordinar los refugios en momentos de emergencia junto al Departamento de Educación y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Nosotros no hemos recibido ninguna querella sobre ese particular. Tanto en el Departamento de la Vivienda como en la Administración de Vivienda Pública tenemos oficinas que se dedican a atender estas poblaciones a través de nuestras oficinas de Vivienda Justa, que trabaja todo tipo de discrimen. Nosotros tenemos un protocolo para atender reclamaciones de nuestros participantes o personas refugiadas”, dijo.

Sostuvo que está “abierto” a tomar las medidas necesarias para atender cualquier queja de alguna persona trans que haya sufrido discrimen o que no haya sentido trato igualitario.

Rodríguez indicó que la agencia está desarrollando adiestramientos al personal para que “se entiendan las distintas situaciones y que tengan sensibilidad para atender” a las personas trans.

Al igual que Rodríguez, el comisionado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, dijo que desconocía las situaciones denunciadas por la población trans en los refugios. Aunque reconoció que su rol es limitado dentro de los albergues, mencionó que los funcionarios deben evitar cualquier tipo de fraude con las identificaciones que se presenten.

“Cuando vas a buscar un refugio, te recibe un administrador que le responde a Vivienda [Pública] y si es una fémina, pero en la identificación es un varón, posiblemente tengan ese problema. Aquí hay que tener un poquito de cuidado de que realmente sea una persona trans y que no sea alguien que esté tratando de pasarse como un trans para cualquier otro tipo de fechoría dentro de un refugio”, advirtió.

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Carlos Acevedo, director de NMEAD

Acevedo reconoció que NMEAD no cuenta con la información de todas las necesidades que tienen las personas trans, por lo que carecen de un plan especial para atender a esta población luego de un desastre.

Por ejemplo, una de las situaciones de mayor preocupación luego del huracán María fue la continuidad de los tratamientos de hormonas. Según tres fuentes del CPI, actualmente el Departamento de Salud no distribuye hormonas a la población trans en Puerto Rico. Coincidieron en que las razones principales son “la escasez de personal adiestrado en la prescripción de tratamientos hormonales” y que la mayoría de los planes médicos no cubren estos medicamentos a las personas trans. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, no concedió una entrevista al CPI.

Este suministro lo asumen entidades que ofrecen servicios a la población, como el Centro Ararat, en San Juan, que atiende a un total de 177 personas trans. El resto de este sector acude a otras organizaciones o compran las hormonas de manera clandestina.

En el caso de San Juan, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, aclaró que la Clínica Transalud receta hormonas a personas trans que lleguen con un tratamiento previo o que, luego de cumplir con una evaluación psicológica, decidan incluir esa opción en su proceso de transición de género.

Trastocados los tratamientos hormonales

La distribución de hormonas no es una prioridad en los planes de manejo de emergencia ni antes ni después de un evento atmosférico, aseguró al CPI una fuente cercana al Departamento de Salud. Esta situación empujó a que algunas de estas personas tuvieran que interrumpir sus tratamientos, lo que les provocó secuelas emocionales e incluso físicas. Un estudio publicado en la revista especializada Transgender Health en enero de este año, en el que participaron investigadores del RCM de la UPR, encontró que en la isla solo 15% — de un total de 52 personas trans encuestadas en 2015 — recibían tratamientos hormonales bajo la supervisión de un médico.

“El proceso del huracán fue fuerte para todas las personas, pero cuando le añades a una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada, discriminada, oprimida, los efectos se duplican. Muchas de estas personas, que están en proceso de transición y optan por medicamentos o terapia hormonal, no las tuvieron disponibles por días o por semanas”, precisó el psicólogo Miguel Vázquez, cofundador de True Self Foundation, ubicado en San Juan.

Karina Torres, una mujer trans que trabaja como manejadora de casos en la clínica Transtanamá, estuvo tres meses sin poder acceder a su tratamiento de hormonas. En su caso, siempre las ha conseguido pagándolas de su bolsillo, porque el plan médico no se las cubre. Pero, luego del huracán, el acceso a sus proveedores habituales fue limitado.

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Karina Torres, trabaja como manejadora de casos en la clínica Transtanamá. Estuvo tres meses sin poder acceder a su tratamiento de hormonas.

“Yo me preparé para el huracán, pero no me preparé hormonalmente, ya que tenía mi último pote y no había cobrado tampoco y se me hizo bien difícil conseguirlas. Estar sin hormonas causa muchos efectos, porque eso cambia el estado de ánimo, todo lo que hayas preparado de años. En ese tiempo, pierdes parte de ese proceso. Hay cosas que vuelven a echarse para atrás”, reconoció.

Una situación similar experimentó su compañero de trabajo en la clínica, Alexander Santiago Cordero, quien estuvo ocho meses sin acceso a la testosterona que usa como parte de su tratamiento de transición de género.

Foto por Eric Rojas | Centro de Periodismo Investigativo

Alexander Santiago de la clínica Transtanamá en San Juan

“A la que tú estés en un tratamiento hormonal, terminarlo de cantazo, como pasó después del huracán María, no es bueno ni para tu cuerpo ni para ti, porque podría ser como un efecto rebote en cuestión de las demás hormonas. Por ejemplo, yo perdí todo mi vello facial, perdí peso, mi cara se veía un poco diferente. Y son cambios que quizás son mínimos para la mayoría de la gente, pero cuando tú lo pones uno al lado del otro, los notas”, contó.

Aunque cada tratamiento hormonal es diferente, interrumpirlo en algún punto del proceso puede revertir algunos cambios físicos que haya adelantado una persona trans, explicó la doctora Maribel Acevedo.

Según la experta, estos cambios se hacen más evidentes si la persona trans suprime su tratamiento entre tres y seis meses corridos.

“El primer cambio es el vello facial, ya sea para un chico o una chica trans. Puede pasar — y es algo que evitamos — que si es un hombre trans que está en terapia de testosterona y no tiene la próxima dosis, puede tener la menstruación, que es algo que se detiene cuando se da la terapia con testosterona”, detalló Acevedo, quien trabaja en la clínica Translucent del Centro Ararat.

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Doctora Maribel Acevedo de la clínica Translucent del Centro Ararat

El psicólogo Vázquez acentuó que el riesgo mayor cuando ocurren estas complicaciones es que se exacerba la “disforia de género” o la incomodidad emocional entre la identidad sexual versus la apariencia física.

Según Vázquez, las personas que deciden tener un tratamiento hormonal son más susceptibles a generar ansiedad, tristeza e incluso depresión si sienten que se revierten sus cambios físicos.

El director ejecutivo del Consejo Asesor de Asuntos LGBT de La Fortaleza, Alberto Valentín, adelantó que trabajan con la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para “lograr ampliar la cubierta de salud sobre varios medicamentos y tratamientos que beneficiarán a la comunidad trans, con la intención de que, más adelante, se enmiende el state plan y podamos integrar muchos más medicamentos y tratamientos”.

Valentín se refirió al plan del Gobierno de Puerto Rico que describe el alcance o cubierta de Medicaid en la isla y que presenta el Departamento de Salud, según los informes actuariales que hace ASES sobre la necesidad que tienen las diferentes poblaciones médico-indigentes.

“La primera fase de esto lo logramos con ASES con la Carta Normativa 19-0305 al eliminar las restricciones por sexo en el ofrecimiento de servicios de salud y los planes médicos que contratan con el Gobierno, entre otras cosas. Ahora nos encontramos en la Alianza por la Salud LGBT — que es parte de lo que está haciendo el Consejo con ASES y el Colegio de Médicos — para eliminar varias restricciones sobre ciertos medicamentos que solo pueden ser utilizados de acuerdo con la cubierta para ciertas enfermedades y condiciones, con el fin de que su alcance pueda expandirse y beneficiar a la comunidad trans”, añadió.

Mencionó, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para detener la menstruación para aquellas mujeres que menstrúan por largas temporadas sin parar, que, si se elimina la restricción en los alcances en las cubiertas, podrían utilizarse para hombres trans también, validando la transición de identidad de género como un asunto de salud.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan dijo al CPI que para un evento atmosférico futuro, pondera que la Clínica Transalud de la capital adquiera hormonas para inventario en caso de que las farmacias estén limitadas en el servicio o no abran en en al menos dos semanas.

Una población desprovista de alimentos

La ansiedad por adquirir las hormonas incluso puede llevar a las personas trans a dejar de lado otros asuntos vitales para su sobrevivencia, como la alimentación adecuada, pues prefieren dedicar sus ingresos a tratar de continuar sus transiciones de género, sumó la nutricionista y dietista Alana Marrero González.

“Esta población, en su mayoría, está mal nutrida. Cuando yo les veo, están o en sobrepeso o bien delgadas. Son mínimas las que están bien. Es una población que necesita educación y mejor acceso a alimentos”, especificó la experta, quien actualmente conduce una investigación sobre el estado de la alimentación en la población trans en Puerto Rico.

Explicó que el acceso adecuado a alimentos también fue uno de los retos para esta población luego del paso del huracán en 2017.

“Estas personas no tuvieron seguridad en el acceso a alimentos en la emergencia. ¿Quién les daba comida? Nadie. A los niños, los atiende WIC. Pero estas personas no tienen a nadie en el Gobierno que los atienda. Solo las organizaciones, como Centro Ararat, que nos tiramos a buscarlos y llevarles algo de alimentos”, mencionó Marrero González.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

La nutricionista Alana Marrero explicó que la mala alimentación que existe en la población trans se debe en parte a la situación económica precaria en la que vive la mayoría.

El 60% de las personas trans que Marrero González atiende en Centro Ararat carecen de un empleo estable. Además, el 88% cualifican para la cubierta del plan de salud del Gobierno (Vital), “por lo cual tienen ingresos anuales por debajo de $24,980”.

El informe sobre las experiencias de participantes latinos del US Transgender Survey de 2015, que incluyó a Puerto Rico, reportó que cuatro de cada 10 (43%) personas trans vive en pobreza. El estudio tuvo una muestra de 1,473 personas latinas o hispanas y arrojó que la tasa de pobreza fue más elevada entre las mujeres trans (45%) y las personas no binarias (43%) que entre los hombres trans (5%).

Luego del ciclón de 2017, el Centro Ararat destinó $75 mil de fondos propios para asistir a sus pacientes, incluida la población trans. A través de la fundación AIDS United, que recibe fondos de la Fundación Elton John, recibieron otros $25,000 para ayudar a la población trans que vive con VIH. Mientras, la organización Miss Adams-Morgan Pagent les donó $4,000 para asistencia a personas trans. Carlos Carrero, principal oficial de finanzas y desarrollo de Centro Ararat, explicó que los fondos destinados para ayudar a esta población se utilizaron en su mayoría para compras para distribuir alimentos ($12,400), tarjetas de regalos de supermercados ($15,000), muebles y enseres ($35,000), y para asistir a siete mujeres trans con el pago de su renta y a dos para sus pasajes a Estados Unidos, incluida la renta allá ($18,085).

El Centro Comunitario LGBT, ubicado en Río Piedras, también se tiró a la calle a ofrecer alimentos a esta población, contó su directora Cecilia La Luz. Con un donativo de $15,000 de la organización Center Link, llevaron suministros a diversas personas de la comunidad LGBTQ. El dinero, aclaró La Luz, no fue exclusivo para atender a la población trans.

En el caso de la Clínica Transalud del municipio de San Juan, semanalmente repartieron cajas de alimentos a 100 personas trans desde que pasó el huracán hasta enero de 2018. La Alcaldesa explicó que estas compras se obtuvieron por medio de donaciones de entidades privadas y algunos estados de Estados Unidos, por lo que el ayuntamiento no asignó un fondo especial para la clínica después del huracán. La clínica del municipio de San Juan — establecida en 2016 — opera con $150,000 anuales de fondos públicos, destinados a servicios de psicología, medicina y trabajo social. Actualmente, atienden a 110 personas trans.

Sin vivienda segura

El poco ingreso económico que tienen estas personas también les limita a tener una vivienda propia, añadió José Galarza, coordinador de servicio directo para personas trans del Proyecto Matria, ubicado en Caguas. Según el informe del US Transgender Survey, el 31% de las personas trans latinas entrevistadas ha estado sin hogar en algún momento de su vida.

Galarza destacó que después del huracán supo de personas trans que fueron desalojadas por los dueños de los lugares que alquilaban debido a que no podían pagarlos y se les hizo difícil conseguir otro lugar en un tiempo razonable.

Luego del huracán, Proyecto Matria ha recibido al menos 19 personas trans en busca de asilo para una vivienda transitoria que les ayude a escapar de entornos violentos en sus familias o con sus parejas, o incluso de exposición a la trata humana. Por la naturaleza de la organización, que recibe fondos para vivienda transitoria del Departamento de Justicia Federal, las participantes solo reciben asistencia — pago de renta y otros servicios — por un año. Ante esto, Galarza explicó que tan pronto una persona entra en el programa, se refiere a la Administración de Vivienda Pública para tratar de ubicarla en algún residencial público que les permita tener una vivienda estable por más tiempo.

De las 19 personas trans que han albergado desde 2017, solo una tuvo acceso a un apartamento en un residencial público. Desde octubre de 2017 hasta julio de 2019, Proyecto Matria destinó $208,000 de sus fondos para atender a la población trans. El monto significó $907.10 por participante en vivienda transitoria, servicios salud, muebles y servicios de manejador de caso, psicólogos y psiquiatras.

“Para el acceso a vivienda pública, las políticas que se tienen no son inclusivas, aunque digan que no se permite el discrimen. Eso no es lo que pasa con nuestros referidos. En algunos casos, los funcionarios les hacen los procesos más difíciles o les mandan a ir varias veces”, apuntó Galarza.

El administrador de la Administración de Vivienda Pública defendió la gestión de la agencia al sostener que las políticas de evaluación de los solicitantes se aplican a todas las personas por igual.

William Rodríguez indicó que no llevan un registro de la cantidad de personas trans que está en alguna vivienda pública, porque no ven “el género como una distinción al momento de otorgar sus servicios”.

“Proveemos la necesidad de vivienda igual que a toda la población. Sí, tengo que ser honesto, hemos tenido situaciones en que sí se puede generar incomodidad en el solicitante cuando su identificación no está a la par del género de la persona. Eso sí puede ser un situación en la que a lo mejor se le solicita alguna aclaración porque a veces hay discrepancia entre el certificado de nacimiento o la identificación. Esas cosas siempre se subsanan y no negamos vivienda por eso”, dijo el funcionario.

Reclaman un protocolo para emergencia

Las personas entrevistadas que trabajan con personas trans y la misma población trans consideran que el Gobierno debe trabajar un protocolo para el trato y las necesidades que requiere este sector luego de un desastre atmosférico. Criticaron que las medidas se limiten a políticas u órdenes administrativas contra el discrimen y no se desarrollen planes de acción mucho más concretos.

Para Galarza, este tipo de medidas se justifican al reconocer que la comunidad trans “lleva años invisibilizada y expuesta a violencia, no solo en la calle, sino en el mismo Gobierno”.

En el estudio de 2019, publicado en la revista Transgender Health, un 48% de las 52 personas entrevistadas denunció haber sido discriminadas cuando buscaron algún servicio público. Una situación similar reveló otro estudio de 2016 publicado en el Journal of Homosexuality, cuando un grupo de investigadores encontró que el 42% de una muestra de personas trans encuestadas entre 2011 y 2013 en Puerto Rico ha experimentado discrimen. De este porcentaje, el 14% fue víctima de discrimen al buscar servicios sociales y el 15% al tratar de acceder a servicios médicos.

“La violencia verbal fue la forma más común entre quienes experimentaron discrimen debido a su identidad de género (35%), seguida de violencia física (25%) y violencia sexual (16%)”, apuntó la investigación de 2016.

El psicólogo Miguel Vázquez señaló que urge identificar personal de asistencia emocional adiestrado para trabajar con esta población. Para atender el acceso a alimentos, la nutricionista Marrero González propuso que el Gobierno cree programas de vales de alimentos y compras de emergencia que las personas trans puedan recoger en lugares identificados como libres de discrimen.

Zayas Rivera, coordinador de servicios clínicos del Centro Ararat, avaló la necesidad de contar con un protocolo para evitar el incremento de la violencia contra esta población en momentos de más vulnerabilidad social, como pasó luego del huracán María. Exhortó a que en este protocolo se incluyan: medidas para manejo inclusivo en el lenguaje por el personal que trabaja en las agencias de emergencia, un censo de las personas de experiencia trans, un mapa con puntos de entrega de hormonas alrededor de la isla, identificar vías alternas para la validación de las personas que no hayan cambiado el nombre e identificación de género en sus documentos y líneas de coordinación para que las agencias públicas trabajen con las organizaciones privadas y sin fines de lucro que dan servicios a esta población.

Víctor Rodríguez Velázquez es miembro de Report for America