El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, insistió el viernes, en que el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el respaldo del gobierno en contubernio con la empresa LUMA Energy es un acto criminal, que deja en un “limbo jurídico y económico” que ente responderá por los 600 millones de dólares que adeuda la Autoridad al Sistema de Retiro de Empleados de la AEE.

“La actitud del gobierno de turno en contubernio con LUMA y  el poder económico es criminal, arbitraria, irresponsable porque están echando por el precipicio el servicio esencial más importante de cualquier sociedad, además de pretender que unos empleados, que tienen unas condiciones de trabajo acordadas con la Autoridad, abandonen su empleo para irse a aventurar nuevas condiciones de trabajo con una compañía sin historial como patrono en Puerto Rico y que, de hacerlo, se someterían a la actual legislación laboral, donde no hay garantías de empleos, ni beneficios marginales algunos, ni certeza de ingresos decentes”, detalló Rodríguez Ortiz.

“Nadie en su sano juicio va a dar un paso de esa naturaleza… sería un suicidio económico”, añadió.

En el caso de los empleados jubilados de la AEE, Rodríguez Ortiz denunció que, en ninguna de las ponencias discutidas durante las vistas públicas que atienden la Resolución 136 de la Cámara mediante la cual investiga el contrato de LUMA Energy a través de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, “se menciona nuestro sistema de retiro, lo que nos indica que también pretenden dejarnos sin pensión a los sobre 12,000 jubilados de la Autoridad y a los futuros jubilados”.

Según el actuario del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, al momento la Autoridad le adeuda alrededor de 600 millones de dólares de la deuda corriente, debido al incumplimiento de los pagos que le corresponde desembolsar desde el año 2014.

Rodríguez Ortiz aseguró que desde el primer momento en que dejaron de pagar, la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE y la Asociación de Jubilados hemos realizado innumerables gestiones y enviado cartas detalladas, tanto a los directores ejecutivos de turno en la AEE, como a los miembros de la Junta de Gobierno y los gobernadores que han pasado por La Fortaleza, pero “han hecho caso omiso a la situación. No han querido reconocer que, según los actuarios, nuestro sistema de retiro podría colapsar y quedar insolvente en unos tres años, si la AEE no paga el dinero adeudado. Esta deuda, ni siquiera está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain”.

El presidente de la AJAEE exhortó al gobernador Pedro Pierluisi a reevaluar su postura y cancelar este contrato en su totalidad, deteniendo esta transición con LUMA Energy, ante las escandalosas declaraciones de los propios funcionarios de las diversas agencias gubernamentales, quienes admiten que ni siquiera han leído el contrato que deberán administrar a partir del 1 de junio de 2021.

Concluyó que “igualmente de funesto ha sido conocer que, en caso de una catástrofe de fuerza mayor, la compañía LUMA Energy podría irse de la Isla sin dar explicaciones. Que si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tomara una determinación que entiendan les afecta adversamente o se aprobara un proyecto de ley que consideren negativo, también sería una razón para irse, así de leonino es ese contrato. Definitivamente el gobernador debe mirarlo, punto por punto, con el bienestar del pueblo en mente”.