Aumentos salariales a los presidentes, a los comisionados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y otros cambios que requieren asignación de fondos son parte de los nuevos estatutos del recién aprobado Código Electoral. Ante la falta de información y la ausencia de fondos identificados para cumplir con el impacto fiscal que tendrá el Código, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, envió, hoy, una misiva a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la cual esboza las preocupaciones, de la colectividad que representa, en torno a este tema.

“En cumplimiento con las responsabilidades de nuestro cargo, enviamos una carta a la Junta de Supervisión Fiscal en la cual plasmamos nuestras preocupaciones relacionadas con el impacto fiscal que implica la aprobación del Código Electoral. La gobernadora Wanda Vázquez Garced, estampó su firma en un proyecto que tendrá un impacto fiscal para el próximo año que inicia el 1 de julio. Para que la CEE pueda cumplir con el mandato de ley se requiere un aumento considerable en la asignación de fondos a la Comisión. Al momento se desconoce de dónde proveerán los fondos necesarios para el aumento salarial de altos funcionarios de la CEE y el Sistema de Endosos Electrónicos”, resaltó Merle. “Del mismo modo, se desconoce cómo pagarán los costos relacionados con el Sistema de Lista de Votantes Electrónicas y el Registro Electrónico”.

Para el comisionado electoral del PPD, el que la Gobernadora haya convertido en ley el Código Electoral a pesar de la falta de información y determinaciones relacionadas con las asignaciones de fondos, no le sorprende porque desde que se inició el proceso de aprobación el mismo fue uno atropellado. “Estas preocupaciones fueron discutidas en diferentes foros y llevadas ante la atención de la Gobernadora. Aún así, todos sabemos el resultado de la medida y quedó evidenciado que el proyecto en nada aporta al proceso eleccionario. Estamos a menos de 50 días de las primarias y a menos de 150 días de las elecciones generales y ni la Gobernadora, ni la Administración del PNP, ni el Presidente de la CEE, saben de dónde identificarán los fondos necesarios para cumplir con la Ley”, concluyó Merle.