El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Jorge Haddock, aclaró que no contempla el cierre de recintos, pero advirtió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está forzando a la institución a tomar ese tipo de medidas al exigir repentinamente un incremento de $80 millones en la aportación al Sistema de Retiro que nunca estuvo contemplado en versiones anteriores del Plan Fiscal certificado. Por lo que hoy presentará una propuesta al Gobierno para que se deje sin efecto el recorte de $71 millones para el próximo año fiscal.

“No estamos considerando cerrar recintos, pero tenemos que advertir responsablemente a donde nos quiere llevar la Junta de Supervisión Fiscal con sus nuevas exigencias. Nos dicen que no sugieren el cierre de recintos, pero si buscan la página 27 del Plan Fiscal Certificado, se darán cuenta de que es así.

Peor aún, el nuevo Plan Fiscal de la JSF nos pondría a operar con un déficit.  Por eso estamos en conversaciones con el Gobierno para identificar alternativas, de manera que no se implemente el recorte de $71 millones el próximo año. Hoy enviaremos la propuesta institucional para que se restituyan los fondos a la Universidad. De esta forma, podremos trabajar en el nuevo modelo de presupuesto e invertir en el Sistema de Retiro y en la infraestructura física y de informática necesaria”, explicó el presidente, quien confía en contar con el apoyo de la comunidad universitaria.

El Dr. Haddock puntualizó que la Universidad ha logrado las economías requeridas en el Plan Fiscal mediante la reducción de gastos y el incremento de fondos externos; sin despedir empleados, sin cerrar recintos, sin eliminar beneficios y, sobre todo, sin afectar la calidad de la enseñanza. “En términos porcentuales, la Universidad enfrenta el mayor recorte de presupuesto entre las entidades que cubre la Ley PROMESA. Exigir ahora $80 millones adicionales es insostenible e irrazonable, más aún cuando la JSF reconoce que esto no garantizaría la solvencia del Sistema y, de acuerdo con sus sugerencias, todavía habría que reformarlo o hasta congelarlo”, indicó.

“Como Administración del primer centro docente en la isla, hemos atendido responsablemente los ajustes de presupuesto establecidos en el plan fiscal, que a esta fecha suman $333 millones. Con este escenario, logramos mantener la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education y  entregamos nuestros estados financieros auditados. Asimismo, continuamos trabajando en la consolidación de servicios administrativos y transformando lo procesos mediante la digitalización. Pero nos hemos dado cuenta de que la JSF continúa poniendo a la Universidad contra la pared para forzarla a despedir personal o cerrar recintos.

El presidente reiteró su posición de reducir el costo de la matrícula graduada, pese a lo exigido por la JSF en el Plan Fiscal certificado. “Siempre he dicho que la calidad y el acceso no son negociables. No vamos a colocar un peso mayor a los estudiantes”, sostuvo.

 “Nuestra institución es un pilar de desarrollo y capital humano para la isla y tenemos que fortalecerla. Hago un llamado a toda la comunidad universitaria, a que reafirmemos nuestra misión como institución. Estamos dando el máximo por nuestra universidad, que es el motor para que nuevas generaciones puedan seguir contribuyendo a la sociedad puertorriqueña”, finalizó.