La percepción de algunas compañías extranjeras y millonarios de que Puerto Rico es un “paraíso fiscal” llegaría a su fin con los nuevos planes del secretario designado para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre.

Aunque en la isla existen múltiples incentivos contributivos que, en parte, permiten eximir corporaciones e individuos de pagos contributivos al gobierno federal, el empresario adelantó a El Foro de Puerto Rico que buscará aclarar esa concepción que en ciertos permite la evasión de impuestos.

“Debemos tener mucho cuidado que no se confunda (a la isla) a nivel mundial como un paraíso fiscal cuando somos una jurisdicción de bajos impuestos. La Ley 22 (de incentivos industriales) da la impresión, como está ahora mismo, de que somos un paraíso fiscal. Y los paraísos fiscales siempre se han caracterizado por ser bolsillos de incumplimiento fiscal”, afirmó Cidre.

Recordó el arresto del contador público autorizado Gabriel Hernández en octubre pasado, por ofrecer información fraudulenta al gobierno local y al Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) para evitar pagar contribuciones federales.

Tal y como anticipó El Foro de Puerto Rico esta semana, el IRS y el Congreso estadounidense han urgido al DDEC y al Departamento de Hacienda a ser más rigurosos y transparentes en el proceso de aprobación de incentivos porque esas empresas pagan impuestos en la isla pero no al gobierno federal.

El comerciante, de ser confirmado como secretario del DDEC, aseguró que atenderá este asunto con múltiples cambios y está consiente de que las agencias federales están muy pendientes del manejo de estos incentivos.

“Personas han dicho hasta que Australia es un país de ‘money laundering’ (lavado de dinero) y que Puerto Rico es un ‘hub’ (centro de actividad)”, añadió al advertir que pondrá todos los esfuerzos de los equipos de trabajo del DDEC en fiscalizar los incentivos otorgados y las solicitudes existentes.

Cidre, en lugar de eximir completamente del pago de impuestos a algunas empresas e inversionistas, bajo la Ley 22, piensa que sería mejor “cobrar un cuatro o cinco por ciento. En vez de ser un paraíso fiscal, sería una jurisdicción de bajos impuestos”.

“En lo local, me encantaría poder condicionar esta Ley 22 a necesidades particulares del país”, señaló. Explicó que por ejemplo, que si Puerto Rico tiene un problema de transporte público, le gustaría que el capital extranjero que llegue se incentive si se invierte en ese tipo de proyecto.

Añadió que “no me gustaría traer a nadie para que viva 182 días del año (en la isla), comprar una casa, alquilar unos servicios, porque no es una riqueza permanente. Tenemos que enfocarnos en desarrollo económico y no en actividad económica solamente”.

De otra parte, en relación a la Ley 154, que permite a las empresas foráneas pagar un 4% de impuestos en Puerto Rico a cambio recibir un crédito a nivel federal sobre sus impuestos sobre ingresos, dijo que buscará que se extienda al menos por tres años. El Departamento del Tesoro federal y el Congreso también le tienen el ojo puesto a esa ley por entender que reduce la cantidad de impuestos que esas empresas podrían dejar a las arcas de Estados Unidos.

“Lo que deberíamos aspirar es a que, si el Congreso de Estados Unidos quiere traer a territorio americano producción farmacéutica que asegure la estabilidad en la eventualidad de una próxima pandemia, de un proceso como este, tiene que sin duda alguna ponderar que para que Puerto Rico sea una jurisdicción atractiva ese impuesto es importante que se pueda deducir en el Tesoro americano”, sostuvo.

Además, Cidre se comprometió a desarrollar desde el DDEC una campaña de orientación y educación sobre los incentivos contributivos disponibles para corporaciones locales, por concepto de infraestructura, desempleo, localización, exportación, entre otros. También buscará promover la creación de “startups” en la isla.