Ante la problemática que enfrenta la población correccional de la Isla durante la pandemia, el representante Jesús Manuel Ortíz radicó la Resolución de la Cámara 248 para investigar los protocolos del manejo de la pandemia del COVID-19, como el operativo de desinfección, administración de pruebas, manejo de casos positivos y condiciones en que se encuentra la población penal infectada con COVID-19. 

“Durante los pasados días, se han levantado cuestionamientos sobre la forma en que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está manejando la pandemia de COVID-19 en las instituciones correccionales de la Isla.  Es de todos conocido, que se han reportado muertes de confinados y oficiales de corrección, esto en adición a los brotes que se han confirmado en las instituciones de Ponce y Bayamón. Por eso es necesario conocer de primera mano cuales son las medidas de salubridad y los planes que está ejecutando la designada secretaria Ana Escobar Pabón para evitar más  muertes de confinados y personal de corrección”, mencionó Ortiz. 

Recientemente, el DCR informó que el 72% de sus empleados fueron vacunados, mientras que solo un 17% de los sumariados han sido vacunados. “Si solo el 17% de la población correccional ha sido vacunada, la nominada para el DCR debe estar ejecutando un agresivo plan de higiene para evitar más brotes y contagios. Por eso entendemos pertinente indagar sobre las condiciones de trabajo de los oficiales de corrección y de los confinados, específicamente los protocolos y el manejo de casos positivos”, añadió.

Ortíz González, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, radicó además la RC 252, la cual ordena una investigación exhaustiva sobre la anulación del proceso de subastas que siguió el pasado Secretario de Corrección, Erick Rolón, para la adquisición de monitoreo electrónico y supervisión activa a los agresores de casos de violencia doméstica. 

“El 8 de junio de 2016, una dama murió a manos de su esposo, quien tenía un dispositivo de supervisión electrónica el cual alertó una hora tarde que el sujeto había penetrado en la zona de exclusión. Como consecuencia, el Departamento de Corrección inició el Proceso de Subasta Núm. 2016-001 para la adquisición del servicio de monitoreo electrónico y supervisión activa a los agresores en aquellos casos de violencia domestica al amparo de la Ley 54. Este Proceso contó con la participación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y se adelantó hasta etapas finales del mismo. Pero, el ex secretario de corrección, Erick Rolón, mediante una Orden Administrativa, decretó un estado de emergencia el cual, entre otras cosas, tuvo el efecto de anular el Proceso de Subasta antes mencionado e iniciar de forma sustituta un nuevo proceso expedito”, denunció. 

La Resolución busca que el DCR presente un informe que incluya las razones por la cuales se anuló dicho proceso y el estatus actual del sistema de supervisión electrónica para estos casos. 

“Es imperativo que el Estado, le provea a las victimas de Ley 54, las garantías necesarias de que su victimario esta siendo supervisado y que no entra en las zonas restringidas. La anulación de la subasta, pudo haber afectado la eficacia del servicio, por lo que se hace necesario conocer el estatus del mismo, para la tranquilidad y seguridad de las víctimas”, concluyó diciendo.