La directora ejecutiva de Proyecto Matria, la abogada Amárilis Pagán Jiménez, reaccionó el lunes, al caso de la joven Rosimar Rodríguez Gómez cuyo cuerpo fue identificado en la tarde.

“Cada vez que la Gobernadora da la espalda al reclamo de Estado de Emergencia por Violencia de Género, se convierte en la responsable por nuestros asesinatos. Cada vez que la Procuradora da una excusa para no hacer su trabajo, ayuda a halar el gatillo del arma con la que nos matan. Cada vez que un legislador se alía con las fuerzas autodenominadas conservadoras para legislar en contra de la equidad, le da palmaditas en la espalda a agresores y asesinos. No hay mayor corrupción que la de legislar y actuar desde el discrimen por género. Y esa corrupción nos está costando vidas”, dijo Pagán Jiménez, en declaraciones escritas.

“Desde que supimos del caso le llamamos secuestro. Pero la Policía de Puerto Rico hablaba de desaparición. Ya desde ahí, empezaron mal. ¿Qué esperábamos como país? ¿Qué sus secuestradores la devolvieran viva? ¿Luego de días sin saber de ella, luego de perder tiempo sin iniciar una investigación bien hecha, en medio de un estado de emergencia donde el mensaje que da el gobierno es de impunidad?”, añadió.

“Este caso nos toca a todas porque sabemos que ya no hay forma de que se haga justicia. Justicia sería que como país hubiéramos logrado educación para la equidad, campañas para que la gente identifique las señales de peligro, agencias de seguridad con sensibilidad y también con peritaje para manejar estos casos de manera inmediata y efectiva. Justicia sería haber estado listas y listos para que ni Rosimar ni ninguna otra mujer joven de nuestra Matria tuviera que vivir y morir en la violencia. Justicia sería que Rosimar estuviera viva y segura junto a su familia”, dijo Pagán. “Estamos hartas de las agresiones y también de la complicidad del Estado y de los políticos que pretenden liderar el país sin comprometerse con las mujeres, su paz, desarrollo y seguridad”.

La organización expresó su solidaridad con la familia de Rosimar y aseguró que no están solas. “Sabemos que en este momento necesitan espacio. Esperamos que la prensa lo entienda y que las agencias llamadas a actuar lo hagan con sensibilidad. Estamos aquí para ustedes”, expresó la abogada.

La organización reiteró la importancia de reconocer que en Puerto Rico se secuestran mujeres y que la Policía actúa con lentitud en esos casos. “Como con la violencia en relaciones de pareja, la reacción suele ser de menosprecio a la gravedad del asunto y actuar sin la diligencia requerida. Eso no puede seguir pasando. Las agencias tienen que rendir cuentas. En este caso, deben explicar qué hicieron desde el día uno en que la familia reportó el secuestro. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su plan? Espero que no contesten que estaban esperando confidencias porque eso es pura ineptitud”, concluyó Pagán.

Según Matria, algunas de las recomendaciones hechas al sector gubernamental en repetidas ocasiones incluyen:

1. Mantener campañas educativas dirigidas no solo a las mujeres, sino a las comunidades y a los hombres.
2. Poner en marcha un modelo de educación para la equidad en todas las escuelas públicas del país.
3. Tener personal adiestrado en todas las agencias del sistema de seguridad para que puedan identificar las señales de letalidad a la hora de atender llamadas o peticiones de servicios.
4. Fortalecer económicamente las organizaciones especializadas en violencia de género para que haya una red de apoyo a través de todo Puerto Rico.
5. Reconocer los factores de riesgo tales como la cuarentena por el COVID 19, desastres naturales y estrechez económica y tener respuestas que sean adecuadas a los mismos.
6. Alertar al sistema de salud para cumpla con su deber de identificar y reportar a las autoridades casos en los que haya señales de violencia de género.
7. Implantar los protocolos de manejo de violencia de género y evaluar el desempeño del personal a cargo de los mismos.
8. Publicar los protocolos para el manejo de violencia de género en situaciones de desastre, incluyendo los aplicables a espacios de refugios.