El Capitolio – Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, fue aprobado el Proyecto del Senado 443 para crear la “Ley de Justicia Salarial para el personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres”, que establece un salario base para dicho personal de $2,250.00 mensuales con el fin de hacerles justicia salarial y que sea más atractivo el reclutamiento de empleados para la agencia.

“Además de mejorar las condiciones de vida de nuestros primeros respondedores de Manejo de Emergencias consecuentemente mejora la condición de vida de sus familias. Estos servidores públicos día tras día dan la milla extra y arriesgan su vida en las peores condiciones climatológicas y ambientales para el bienestar de cada ciudadano y su país debe brindarle un salario digno”, sostiene la medida en su exposición de motivos.

Por su parte, el senador del Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, expresó que “esta medida busca que se pueda traer mayor reclutamiento al gobierno y una vez cambie el salario a los técnicos se les permita hacerle justicia salarial, como se trabajó en su momento a la policía y bomberos. Son medidas que se están discutiendo para que los salarios cambien y sean atractivos para ser reclutados…Estamos claros que la medida tiene que ir mucho más allá, pero es lo que tenemos disponible para hacerles esa justicia salarial…está corriendo ese plan de clasificación y retribución a los empleados del servicio público”. La medida tiene como autores a Ruiz Nieves, al senador del Distrito de Arecibo, Rubén Soto y el senador novoprogresista, William Villafañe.

Igualmente, el senador independiente José Vargas Vidot, manifestó su apoyo a la pieza legislativa. “Los técnicos de emergencia han sido mal pagados y maltratados laboralmente…la historia nos ha probado que algunos de estos técnicos han perdido la vida en el desempeño de su labor. Estas personas han estado reclamando esa justicia salarial…estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto”.

Además, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 864 para enmendar la Ley 22 conocida como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer como infracción a esta Ley el manejar a exceso de velocidad vehículos pesados de motor, ómnibus público o transporte escolar y facilitar la intervención de la Policía de Puerto Rico con estos conductores.

A la vez, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1170 para enmendar también la Ley 22 a los fines de crear el “Incentivo de Responsabilidad Vial” y conceder, a través del mismo, un descuento 30 por ciento en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular.

En dicha medida, se indica que el descuento sería aplicado a todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas certifique un historial de “buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante certificación de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce meses previos a la renovación de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicación del incentivo establecido”.

Asimismo, fue avalado el Proyecto de la Cámara 1154 para declarar política pública el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial. La medida establece que es sujeto a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental de las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del Gobierno.

De igual manera, fue aprobada la Resolución del Senado 444 presentada por petición a través del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para ordenar a la Comisión Especial para la Monitoria Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la efectividad de la implantación de la política pública educativa vigente del Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas del país, en lo referente a los estudiantes del programa de educación especial con autismo.

También, fue aprobada la Resolución del Senado 595 de la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque cibernético que sufrió el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional Account Management.

Entre tanto, fueron aprobados los Proyectos del Senado 271, 548 y 1022; la concurrencia del Proyectos del Senado 299 y la concurrencia de la Resolución Conjunta del Senado 190. Asimismo, la Resolución del Senado 658; la Resolución Conjunta del Senado 283; los Proyectos de la Cámara 480 y 802; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 33 y 183.