El Senado de Puerto Rico aprobó hoy una medida de la portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, para ampliar y fortalecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado.

El Proyecto del Senado 136 expresa que el estado de derecho actual no contempla con especificidad las instancias en que el discrimen es generado a base de la percepción, por lo que resulta medular que en la política pública del Gobierno de Puerto Rico contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado se prohíba expresamente esa modalidad. “A tales efectos es indispensable subsanar esa deficiencia de la ley mediante legislación. Muchos incidentes de discrimen surgen, no porque al que discrimina le consta cuál es la orientación sexual o identidad de género de una persona, sino porque al advertir ciertas señales –a través de la vestimenta, lenguaje corporal o entonación, entre otros factores– que no se ajustan a las características heteronormativas, se genera una percepción sobre la orientación sexual o identidad de género. Por tal razón, proponemos en esta medida como enmienda a la ley que a la frase “orientación sexual o identidad de género” le siga la expresión “real o percibida”, subrayó la legisladora independentista.

Igualmente, puntualizó la senadora Santiago Negrón, se tomó provisiones con el fin expandir, más allá del entorno laboral, el ámbito de aplicación de la política pública que prohíbe el discrimen a base de orientación sexual e identidad de género, real o percibida. 

“La dignidad humana no puede circunscribirse sólo al espacio de producción económica. Consecuentemente, esta pieza incluye disposiciones que extenderán protecciones contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género en lugares públicos, en los negocios, en los medios de transporte y en las viviendas. Además, se armoniza el ordenamiento en general a través de enmiendas sustantivas integradas a la Ley de Derechos Civiles, al Código Penal, al protocolo del Departamento de Justicia, a la Carta de Derechos del Joven y a la Carta de Derechos del Veterano”, concluyó la Portavoz del PIP en el Senado.