La ley 213-2012, viabilizó la incorporación del modelo educativo alternativo dentro del sistema de educación público del país para ofrecerle una alternativa educativa a aquellos niños y jóvenes que, por diferentes circunstancias o características particulares (problemas familiares, factores socioeconómicos, falta de pertinencia y relevancia de la oferta académica según sus intereses y necesidades, ser dotado, fracaso escolar, entre otras) no se ajustan a la corriente regular del sistema educativo y, consecuentemente, están en mayor riesgo de abandonar la escuela.

Como principio, la Ley 213-2012 reconoce que las escuelas alternativas atienden a una población muy vulnerable. Son jóvenes que viven un complejo proceso social que afecta sus vidas y la calidad de la convivencia familiar. Cabe señalar que del grupo de jóvenes que abandona la escuela tradicional, uno de cada dos proviene de familias de bajos ingresos económicos. Es decir, la mitad de los jóvenes pobres no termina la escuela. 

Según cifras del Departamento de Educación (DE), la tasa de graduación por cohorte ronda el 62%, lo que quiere decir que de cada 100 estudiantes que entraron a noveno grado, solamente 62 se graduaron de escuela superior. En cambio, un estudio realizado en el 2022 por la Alianza para la Educación Alternativa reflejó que, en promedio, la población estudiantil de las cinco escuelas de la Alianza tiene un 96% de retención escolar y entre ellos, al graduarse, seis de cada 10 jóvenes continúan estudios en una institución técnica o universitaria. Asimismo, para el 95% de los estudiantes que continuaron estudios, haber estado en alguna de las organizaciones de la Alianza fue muy importante para proseguir con sus metas educativas. Los demás, en tanto, se han insertado al mercado de empleo o desarrollan su propia actividad de emprendimiento económico. Esos datos evidencian el carácter transformador de las organizaciones que integran la Alianza.

“No hay duda de que con la aprobación de la Ley 213-2012, el gobierno facilitó una alternativa educativa exitosa para los jóvenes que abandonan o están en riesgo de abandonar la escuela. Esto, desde un enfoque integral que reconoce que el desarrollo de cada estudiante no se limita al aspecto intelectual, sino que incluye dimensiones emocionales, sociales, físicas y espirituales. Por eso, en las organizaciones de la Alianza, además de ofrecer educación formal a los jóvenes hasta obtener su diploma de cuarto año, se enfocan en trabajar con situaciones de violencia, experiencias familiares disfuncionales, aspectos de la maternidad y paternidad responsable, prevención de embarazos en adolescentes y proyectos de emprendimiento económico, entre otras áreas”, expresó la senadora Joanne Rodríguez Veve.

En síntesis, las organizaciones de la Alianza transforman a los jóvenes en emprendedores y ciudadanos de bien que aportan al desarrollo de un mejor país. No hay dudas que el modelo de educación alternativa llegó para ofrecer una opción viable de educación y esperanza.

Los resultados del trabajo que realizan las organizaciones de la Alianza son constatables. Actualmente, desde sus 12 centros educativos en San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Loíza, Humacao, Guayama, Ponce, Aguada y Mayagüez se atienden cerca de 1,200 participantes, entre ellos jóvenes estudiantes entre las edades de 13 a 21 años; niños; y bebes en gestación.

A su vez, sus servicios alcanzan a jóvenes y sus familias en 37 municipios, lo que representa un impacto del 47% del total de pueblos de nuestra isla. Ese dato muestra la magnitud y trascendencia del trabajo que realizan estas organizaciones.

Mas aún, el estudio señaló que el valor incremental de estos adolescentes tras haber alcanzado el grado de cuarto año u otros niveles superiores de educación se estimó en $675.4 millones. Para lograr estos resultados el Gobierno de Puerto Rico asignó un total de $49 millones durante el periodo 2014-2019. Por tanto, al comparar el valor de la aportación de la Alianza contra el costo para el Gobierno se concluye que el retorno de esta inversión pública logra un beneficio de 14 veces el costo para el estado durante el periodo de 2014 a 2019.

Ante ese hecho, no cabe dudas del valor e importancia que tienen organizaciones como Aspira Inc. de Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Nuestra Escuela, Proyecto Nacer y el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicios (P.E.C.E.S.) para el bienestar social del país. Es por lo que, por el futuro de nuestros jóvenes, en particular los que provienen de familias desventajadas, el gobierno debe continuar apoyando a estas instituciones.

En los últimos 10 años, desde la aprobación de la Ley 213-2012, el presupuesto asignado a la Alianza no ha aumentado, mientras sí se ha elevado el costo de vida. El incremento en precios de materiales, utilidades, recursos educativos, alimentos y salarios ha sido significativo. Sin embargo, contra viento y marea, las cinco organizaciones de la Alianza han continuado ofreciendo sus servicios educativos.

Por todo lo anterior, los senadores Joanne Rodríguez Veve, Ada García Montes y Juan Zaragoza, presentaron el Proyecto del Senado 1139 para aumentar de doce millones de dólares ($12,000,000) a quince millones de dólares al año ($15,000,000), el presupuesto asignado a la Alianza con el fin de que sus organizaciones puedan enfrentar el alza en los costos de operación que incluye, a su vez, el aumento salarial a su cuerpo docente.

Con estos fondos, el Estado cumple con su deber constitucional de proveer y garantizar el derecho a una buena educación a todas y todos los puertorriqueños, en especial a aquellos que, por diversas razones, abandonaron la escuela tradicional y encuentran en las organizaciones de la Alianza un espacio amable para educarse y formarse, una esperanza de futuro y una nueva ilusión de vida.