La Sentencia emitida en días recientes por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce contra la orden del Departamento de La Familia para el cierre de un centro de cuido de personas de mayor edad en dicho municipio comprueba las deficiencias con las que opera dicha agencia en el manejo de las operaciones de estos hogares, sostuvo la presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), Tamara Pérez.

 Dicho Tribunal acogió una petición de interdicto del Hogar Las Águilas de Ponce para que se detuviera la orden de cierre emitida por dicho Departamento. 

Tras la decisión judicial, la presidenta de FICPRO reclamó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la Asamblea Legislativa que tomen acción inmediata sobre esta situación que amenaza el bienestar de tan importante sector de la población. 

“Uno de los mayores retos en el proceso es la falta de protocolos uniformes, lo que hace vulnerable a los hogares a determinaciones subjetivas o a interpretaciones diversas, dependiendo de la Región”, aseguró. 

“No existe un debido proceso de ley ante el Departamento; un hogar afectado solicita reconsideración o vista sobre su caso ante el Departamento y la Junta Adjudicativa puede tardar uno o dos años en responder, si es que responde porque tuvimos socios que su solicitud de reconsideración o vista nunca fue respondida”, señaló. 

“Examinada la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Hogar, así como la correspondiente oposición a la solicitud de sentencia sumaria por el Departamento de la Familia….y luego de examinado la totalidad del expediente, a base a las determinaciones de hechos…de conformidad con la vista evidenciaría y al derecho aplicable, se concluye que este tribunal dicta SENTENCIA declarando HA LUGAR la solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Hogar Las Águilas”, sostuvo el juez Superior Pedro Vidal Ríos. 

En esa sentencia se ordena al Departamento de la Familia que “Garantice el debido proceso de ley al Hogar Las Águilas en todas las notificaciones”. 

En su discusión de las alegaciones de las partes en controversia el magistrado sostuvo que “a base de los hechos incontrovertidos producto de la “Solicitud de Sentencia Sumaria” y el derecho aplicable, concluimos que el Departamento de la Familia violó la garantía del debido proceso de ley del Hogar Las Águilas, en tanto la notificación realizada y conforme a la cual exige el cierre inmediato, es inadecuada por no colocar al establecimiento en posición de defenderse de manera previa a que su interés propietario se vea afectado. A la luz de los criterios establecidos por ley y la jurisprudencia, procede el remedio interdictal solicitado por Hogar Las Águilas”. 

“La Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, a través del fallo pronunciado por el juez Pedro Vidal Ríos, nos permite visibilizar el patrón de abusos a los cuales han sido sometidos muchos dueños de hogares, pero que no siempre recurren a los tribunales para hacerse justicia”, sostuvo Pérez al comentar la decisión. 

Expresó que desconoce si el Departamento de la Familia apelará el caso, pero afirmó que la organización se mantendrá firme en la defensa de los dueños de los centros de cuido y sus residentes.

Advirtió que Las Águilas no es el único centro de adultos mayores que ha visto violentado sus derechos por las malas prácticas de funcionarios del Departamento de la Familia. “Lo más serio de todo es que, no solo se violentan los derechos de los hogares que con alto compromiso ofrecen un servicio esencial a esta población, sino que se laceran los derechos de los propios adultos mayores que luego de décadas de considerar a la institución su hogar, son removidos abruptamente sin ningún tipo de protocolo, y sin permitir que el hogar pueda defenderse o refutar las alegaciones, que en muchas ocasiones son producto de la subjetividad y opinión del investigador, donde no media evidencia alguna que sustente las mismas.  Al final, lamentó, “los hogares están a expensas del punto de vista del funcionario que los visita”.

FICPRO y otras organizaciones que representan a la industria han sostenido reuniones con el Departamento y con Fortaleza, alertando sobre la situación y su impacto en los hogares y en los residentes.

“La última reunión se llevó a cabo en las Oficinas del OMBUDSMAN, en la cual participó la presidenta de la Junta Adjudicativa del Departamento y donde medió un compromiso de atender estos retos, a través de enmiendas al Reglamento Adjudicativo, pero hasta hoy no ha ocurrido nada”, denunció.

“Los residentes que viven en estos centros sienten y padecen. En muchos casos, es la única familia que tienen por años y bajo ningún concepto, pueden ser tratados como si fueran un mueble. Eso les afecta su estabilidad emocional”, expresó.

Declaró Pérez que “las clausuras intempestivas son una forma de violencia psicológica contra los ancianos” e invitó a las familias a que hagan un seguimiento constante a las condiciones en las que viven sus abuelos. “Esa es la única manera de constatar que no todos los hogares cometen irregularidades, ni muchos menos los ancianos son maltratados”, dijo.

La presidenta de FICPRO dijo que los funcionarios deben considerar que los hogares realizan un trabajo sumamente importante, dirigido a la salud y el bienestar del adulto mayor. “Dejamos todo nuestro compromiso en ello. Nuestra organización no tolera, ni fomenta las inobservancias, pero también demandamos que los funcionarios del Departamento de la Familia dejen de tratarnos como enemigos”, apuntó.

“Muchas veces el dueño del hogar es el último que se entera de la determinación porque antes de cursar la notificación al hogar, el Departamento procede a contactar a los familiares para informarles sobre el cierre y solicitarles que remuevan al residente. Entonces, si los familiares se niegan, lo que muchas veces sucede, el Departamento los amenaza con quitarle la ayuda en el pago del cuidado asistido”, denunció.

Según el “Perfil Demográfico de la Población de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo, en la Base Internacional de Datos del Censo, Año 2020, la expectativa de vida de la población de Puerto Rico es de 81.3 años y se mantuvo igual en el 2021. “Eso nos debe llamar a la reflexión sobre la importancia del cuidado que se debe tener con los ancianos, pues todos vamos a llegar ahí, sostuvo.Reconoció Pérez que el Departamento de la Familia debe ser un regulador, pero recalcó que dicha agencia “debe ejercer como un facilitador para que los hogares cumplan con sus tareas. Cerrar hogares no es la solución”.