La Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Kebin Maldonado Martiz, atendió el martes, en vista pública el Proyecto de la Cámara 5, que ordenaría realizar un referéndum nacional para que el pueblo vote a favor o en contra de la celebración de una Asamblea Constitucional de estatus. 

La sesión pública recibió la comparecencia de la licenciada Jessica Padilla Rivera, presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Yareliz Meléndez Rivera, jefa de presupuesto de la CEE, el licenciado José Feliciano, asesor legal de la CEE y del licenciado Alejandro Torres Rivera, representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR).

La presidenta alterna de la CEE dirigió su ponencia hacia la incapacidad presupuestaria que actualmente enfrenta la agencia para celebrar un nuevo referéndum.

“La CEE no cuenta con los fondos requeridos para tal referéndum y la elección de los delegados, por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, en conjunto con el Poder Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal, tomar las determinaciones necesarias”, sentenció Padilla Rivera.

A través de una ponencia firmada por el presidente de la CEE, Francisco J. Rosado Colomer, la licenciada Padilla añadió “que cualquiera que sea la determinación de política pública y legislativa que se tome, además de que deberá tener el aval del Gobernador de Puerto Rico, debe tenerse presente el estado de situación fiscal a la CEE, el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, que establece parámetros que limitan la distribución y uso de los fondos asignados a la CEE”, aseguró.

“Tales recursos presupuestarios deben ser objeto de un diálogo con los entes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la AAFFAF, y obtener el aval de la Junta de Control, al amparo de las disposiciones de la Ley Federal de PROMESA”, comentó la presidenta alterna de la CEE.

A preguntas del representante José Aponte Hernández, la jefa de presupuesto de la CEE, Yareliz Meléndez informó que el evento que más se asemeja a la consulta que propone el Proyecto de la Cámara 5 es el plebiscito del 2017. “Los costos de ese evento ascendieron a 5.6 millones de dólares”, añadió Meléndez. Con relación a la elección de delegados pro estadidad, Meléndez también aseguró que la CEE no cuenta con presupuesto para sufragar ese evento electoral.

Por otro lado, el representante José Bernardo Márquez Reyes cuestionó a los funcionarios de la CEE sobre la opinión de la agencia en relación a la legitimidad del referéndum. “Más allá del presupuesto, ¿la agencia entiende que el Proyecto en discusión es legítimo o ilegítimo?, preguntó Márquez. “Como Comisión, representamos el interés público, entendemos que el Proyecto tiene un fin legítimo y es nuestra obligación respaldarlo”, aseguró Padilla Rivera.

En contraste a la visión fiscal que aportó la CEE, el Colegio de Abogados de Puerto Rico entregó una amplia ponencia que argumentó sobre la necesidad urgente de iniciar un proceso de descolonización en la isla.

“Al cabo de 123 años de dominación estadounidense sobre Puerto Rico, urge iniciar, de una vez por todas, un verdadero proceso de descolonización en el cual como puertorriqueños(as) ejercitemos nuestro derecho a la libre determinación. La aprobación de la medida que impulsa la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus; la selección de sus delegados, las definiciones de fórmulas de relación futura con los Estados Unidos bajo la independencia, la asociación y la integración sobre bases ni coloniales y no territoriales; la negociación de las opciones y respectivas transiciones y finalmente la ratificación por parte de nuestro pueblo de la opción u opciones consensuadas entre ambas partes, es el camino a seguir”, aseguró en su ponencia escrita el licenciado Alejandro Torres Rivera, representante del CAPR.

“Consideramos importante, que a partir de la medida propuesta pueda desarrollarse a nivel nacional en Puerto Rico un amplio proceso de discusión y vistas públicas donde este mecanismo procesal sea discutido” añadió Torres.

“Seguiremos a los partidos políticos que tienen representación en los diferentes 78 municipios, que a través de sus Legislaturas Municipales propongan una iniciativa similar, de manera que el proceso de discusión amplio que solicitamos se extienda hacia las distintas entidades municipales y que en ellas se aprueben resoluciones respaldando este mecanismo de libre determinación”, sugirió el Colegio de Abogados a través de una ponencia escrita.

El Proyecto de la Cámara 5 sería, según el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito Hernández Montañez, “un vehículo para conectar con el proyecto federal de Velázquez y Ocasio, que atienden también la posibilidad de una Asamblea Constitucional de estatus”.

De acuerdo con el representante del CAPR, “hasta ahora, no se había llevado un proceso de vistas públicas para discutir este tema tan importante sobre el estatus”, reconoció Torres Rivera.

“Hemos cumplido nuestra palabra como delegación y sobre nuestro compromiso con el Proyecto. El resultado final de esta iniciativa requiere que muchos entiendan el proceso y su importancia”, sentenció Hernández Montañez.