El Tribunal Superior de San Juan falló esta tarde no ha lugar tras el pedido de un grupo de padres del Departamento de Educación para que se emitiera un interdicto contra la vacunación obligatoria contra el COVID 19 ordenado en el Departamento de Educación.

El Juez Alfonso Martínez Pivanetti ordenó la desestimación y archivo del pleito en el que figuraban como demandados, el gobernador Pedro Pierluissi y el Secretario de Salud Carlos Mellado.

La Corte decidió que existe un interés apremiante del estado al ordenar la vacunación de estudiantes mayores de 12 años en todas las escuelas y universidades del país y que esto incluya a los empleados de estas instituciones educativas.

El Estado tiene un interés apremiante en salvaguardar la salud pública y tomar todas las medidas necesarias para combatir una pandemia que ha afectado la vida de todas las personas del planeta.

La Corte entendió que las órdenes ejecutivas impugnadas por un grupo de 300 personas están basadas en datos científicos certeros y corroborables y que están cuidadosamente diseñadas para lograr acomodos razonables a las personas que cualifiquen para excepciones de la vacuna.

El Juez además dijo que los argumentos en contra de la orden carecen de confiabilidad, no son admisibles en un tribunal de derecho y están basadas en teorías de conspiración.

Los reclamantes alegaron que sus hijos no deben participar en un experimento guiado por empresas farmaceúticas, refiriéndose a la vacuna, pero el argumento fue rebatido por el gobierno y por representantes del Colegio de Médicos que acudió intervino en el caso como amigo de la corte.

Los demandantes no pudieron establecer, según el juez, la existencia de daño real a sus personas por lo que el juez decidió no adjudicar una compensación de 70 mil dólares que Lourdes Amadeo y Miguel Marrero reclamaron