El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha encendido alarmas entre el sector de la industria de salud y los expertos en la industria.  La razón, la directiva emitida por el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, la cual autoriza a los agentes del orden a ingresar a hospitales y clínicas médicas en la búsqueda de personas sin estatus migratorio legal, lo que podría tener serias implicaciones para el acceso a la atención médica.

¿Qué establece la directiva?

La directiva, emitida el pasado lunes, elimina las restricciones de la era Biden que limitaban la capacidad de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para realizar arrestos en áreas sensibles como hospitales, iglesias y escuelas. Bajo esta nueva política, los agentes ahora tienen luz verde para llevar a cabo operaciones en o cerca de estas áreas.

Ante este nuevo giro, los hospitales y clínicas, especialmente en estados fronterizos, podrían enfrentarse a un aumento de agentes solicitando información sobre el estatus migratorio de los pacientes. Sin embargo, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), los agentes no pueden ingresar a áreas privadas en las instalaciones de Salibs sin una orden judicial válida. Ello debido a que, el derecho a la privacidad, protegido por la Cuarta Enmienda, prohíbe registros irrazonables en espacios donde las personas tienen una expectativa razonable de privacidad.

Asimismo, las leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) y la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA) establecen que los proveedores no están obligados a compartir información sobre el estatus migratorio de los pacientes y que deben garantizar la atención de emergencia, independientemente del estatus migratorio del paciente.

Preocupaciones entre los proveedores

Esta nueva directiva ha generado temores de que pacientes indocumentados eviten buscar atención médica por miedo a ser arrestados, lo que podría derivar en condiciones de salud más graves o incluso potencialmente mortales.

En un reacciones similares, diversos sistemas de salud reiteraron su compromiso de ofrecer atención a todos los pacientes, sin importar su estatus migratorio o situación socioeconómica.  Todos consideran que la atención médica es un derecho humano fundamental, no un privilegio y por ello continuarán cumpliendo con su responsabilidad de atender los pacientes. 

Por su parte, la Asociación Americana de Hospitales (AHA) informó que está evaluando las implicaciones de la directiva. 

A medida que la Administración Trump avanza con políticas más estrictas en torno a la inmigración, los proveedores de salud enfrentan el desafío de equilibrar su compromiso ético con las exigencias de las nuevas directivas. Para muchos, la prioridad sigue siendo proteger el bienestar de sus pacientes y garantizar que nadie tema buscar la atención médica que necesita. Sin embargo, este cambio de política plantea preguntas difíciles sobre los límites entre la aplicación de la ley y la atención humanitaria.