La Fundación Fondo de Acceso (FFAJ) a la Justicia urgió hoy a la Cámara de Representantes a aprobar tres proyectos de ley que se encuentran ante su consideración, y que ayudarían a la organización a nutrirse de los recursos necesarios para continuar subvencionando iniciativas de servicios legales gratuitos a poblaciones vulnerables. 

Actualmente, la FFAJ sufraga 29 proyectos de acceso a la justicia a través de los 78 municipios, y cuenta con cuatro programas principales que ofrecen servicios legales civiles gratuitos, tales como: prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios, desarrollo económico comunitario, asesoría en derecho civil, de familia y administrativo y la Beca Charles Hey Maeste. 

“La aprobación de estos proyectos de ley debe ser una prioridad para la Asamblea Legislativa en estos momentos. No sólo porque son medidas para atender la pobreza en Puerto Rico, sino porque buscan soluciones reales a la disminución dramática de fondos que afectaría los servicios legales civiles que se ofrecen a través de diversas entidades sin fines de lucro que la FFAJ subvenciona”, recalcó el presidente de la fundación, José Enrique Colón Santana.

Del mismo modo, la entidad apoya económicamente a cuatro organizaciones en proyectos que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia de género, y de no aprobarse esta legislación los mismos corren el riesgo de no poder continuar ofreciendo servicios. Estos son la Línea de orientación legal de la Casa Protegida Julia de Burgos; acompañamiento legal a vistas de órdenes de protección con abogados de la Servicios Legales Corp.; la línea de orientación y servicio 24/7 de Taller Salud; y el programa de asesoramiento, representación legal, apoyo emocional y arte terapia en Barranquitas, Aibonito, Coamo, Comerío y Orocovis de la Casa Juana Colón. 

“Ante la grave situación de feminicidios que enfrenta Puerto Rico, debemos apoyar a las entidades que ofrecen servicio directo a las sobrevivientes de violencia de género. A través de nuestros programas, cientos de mujeres en Puerto Rico han logrado recibir servicios legales y psicológicos libres de costo. Sin embargo, estos programas pueden estar en riesgo si no se aprueban estos proyectos de ley”, expresó Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la FFAJ.   

El Fondo de Acceso a la Justicia, creado bajo la Ley 165-2013, se nutre, entre otras fuentes, de los intereses que generan las Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (CIFAA), (IOLTA, en inglés). Las enmiendas propuestas tienen como objetivo ayudar a generar el capital necesario para el desarrollo de iniciativas que garanticen el acceso a la justicia a todos los puertorriqueños. 

El P. de la C. 23 enmendaría la Ley 10-1994, que reglamenta los bienes raíces, sus profesionales o empresas, para que los intereses que generen las cuentas de banco donde estos consignan los prontos pagos, depósitos de buena fe u otros depósitos en fideicomiso sean transferidos a cuentas CIFAA, para su posterior inversión en proyectos de interés social. 

Mientras, el P. de la C. 24 busca que los fondos que se encuentren bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas que no generan intereses para beneficio de menores e incapaces, también sean consignados por sus custodios en cuentas CIFAA. 

Del mismo modo, el P. de la C. 26 obligaría a las instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a depositar en cuentas CIFAA el dinero y otros bienes líquidos que no hayan sido objeto de transacción alguna o reclamados durante cinco años consecutivos, exceptuando aquellas cantidades provenientes de cuentas de acciones.

Las medidas fueron radicadas el 4 de enero de 2021 por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y Carlos Johnny Méndez, pasado líder de ese cuerpo. Actualmente, el P. de la C. 23 y el P. de la C. 26 se encuentran en la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros presidido por la representante Estrella Martínez, y el P. de la C. 24 está en las comisiones de lo Jurídico y de Hacienda y Presupuesto, presididas respectivamente lo representantes Orlando Aponte Rosario y Jesús Santa Rodríguez.