Un proveedor privado de servicios de vacunación que administró dosis espiradas contra el COVID-19 en un centro de salud de Peñuelas, puede exponerse a acusaciones criminales similares a las que enfrenta la dueña de una farmacia en Juana Díaz que vacunó antes de tiempo a menores de edad, dijo el Colegio de Médicos de la Isla.

 El Presidente del Colegio, Víctor Ramos, espera que el proveedor que administró vacunas pasadas de fecha sea acusado criminalmente como ocurrió con la propietaria de una farmacia en Juana Díaz que administró vacunas a menores de edad, antes de que la misma estuviera autorizada.

“Este proveedor ya fue sacado de carrera y no puede vacunar más, porque incumplió con el contrato con el CDC, pero la falta cometida es grave y se expone a acusaciones federales de carácter criminal:, dijo Ramos.

El líder de los médicos colegiados se refirió a una empresa privada que suministró vacunas originalmente adquiridas para un grupo de veteranos del estado de Florida.
“No tengo idea de cómo llegaron estas vacunas a la Isla, pero no están relacionadas con actividades del Municipio de Peñuelas”, apuntó.